No todos los partidos políticos están claros de qué es campaña anticipada y la forma en que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) la identifica. Ayer algunos partidos hicieron públicas sus inconformidades a los magistrados electorales.
El partido político Azul y Compromiso, Renovación y Orden (Creo), solicitaron a los magistrados del TSE conocer los criterios que utilizan para identificar la prohibición detallada en el artículo 223 de la Ley Electoral y de Partidos Políticos (Lepp).
Las repercusiones por caer en campaña anticipada pueden generar amonestaciones económicas y en el peor de los casos la cancelación de la agrupación política.
Otra de las consecuencias por realizar campaña anticipada es que el candidato no sea inscrito. Un ejemplo, de esta sanción es la anulación de la inscripción del binomio del partido Podemos.
Esta organización proclamó como binomio presidencial a Roberto Arzú y al abogado David Pineda, quienes fueron aceptados por el Registro de Ciudadanos del TSE, pero su inscripción fue impugnada por FCN – Nación, argumentando que existía campaña anticipada. El pleno del TSE decidió revocar las inscripciones del binomio.
Roberto Villate, fiscal del partido Podemos, explicó que hay un paquete de amparos en las cortes nacionales que todavía no han sido resueltos, pero confían en que se fallará a su favor y se ordenará la inscripción de sus candidatos.
Antes que el TSE declarara con lugar la nulidad de presentada por FCN–Nación, el TSE había archivado un expediente contra Roberto Arzú por supuesta campaña anticipada.
Jornadas masivas
Durante la reunión que sostuvo esta semana el TSE con los fiscales de los partidos políticos, las agrupaciones Azul y Creo, manifestaron no estar de acuerdo con los criterios que el ente electoral utiliza para clasificar posibles casos de campaña anticipada.
“Se ve de alguna manera mucha campaña anticipada. Tal vez no es necesario hacer las denuncias correspondientes porque ahí están los medios de comunicación, donde se ve el tipo de acciones que cada uno de los partidos ha hecho, principalmente el fin de semana”, señaló Mario Mazariegos, fiscal del partido político Azul.
Uno de los partidos que convocó a medios de comunicación el pasado fin de semana, para lo que fue calificado como una “jornada masiva de afiliación”, fue la coalición Valor–Unionista, que impulsa para la presidencia a Zury Ríos.
Mazariegos agregó que eventos como los vistos el fin de semana son “unas concentraciones enormes y grandes, que no obedecen a actividades de afiliación, esas son concentraciones”.
La forma en que la agrupación desarrolló el evento no fue la mejor para el represente de Azul. “Ya cuando se lleva a gente en buses, ya se sale de eso, eso ya es campaña”, insistió.
La agrupación, durante su intervención, dejó entre ver que estarían analizando acciones legales si el ente electoral permite, lo que a su criterio, es campaña anticipada.
“La denuncia nuestra no puede ir contra los partidos políticos, más que todo creo que iría contra el incumplimiento de deberes de algunos funcionarios que están para eso”, concluyó.
Pero uno de los partidos políticos que impulsa la candidatura de Ríos, Valor, no comparte los argumentos expuestos ante el órgano electoral, y asegura que lo que existe es confusión y desconocimiento.
“Yo invitaría a que todos los compañeros pudieran leer el artículo 62TER del reglamento (…) no hemos logrado diferenciar lo que es realmente campaña y proselitismo. De hecho, hasta confunden los términos”, dijo Elmer Palencia, fiscal del partido Valor.
La confusión no obedece exclusivamente para este proceso electoral, continuó Palencia, históricamente hay algunas agrupaciones que no han respetado la prohibición electoral, por lo que eventos de proselitismo suelen ser confundidos.
“Por muchos años se ha estado en campaña perpetua. Ese es el problema. Aquí hay organizaciones con muchísimos más años de vigencia que en su momento estuvieron en campaña perpetua, permanente y constante”, agregó.
Abren investigaciones
Por campaña anticipada, el partido político Creo fue notificado de un proceso de investigación en su contra, ya que la Inspectoría del TSE encontró una serie de hallazgos que podrían encuadrar en las prohibiciones electorales, se informó.
“Es para pedirnos un informe sobre una pequeña valla que aparece en una casa —en Tactic, Alta Verapaz— por eso nos inician un proceso de investigación”, explicó Diego Ronquillo, fiscal de Creo.
También existe otro señalamiento por una “pequeña valla en una carretera”, agregó el representante de Creo, quien dijo tener dudas de cómo las actividades masivas de algunos partidos no están en el radar de la inspectoría y las acciones de otras agrupaciones sí.
“Me llama poderosamente la atención, bajo qué condiciones y criterios realizan estas inspecciones, cuando vemos actividades de multitudes, masivas, y no pasa nada”, dijo el representante de Creo.
Quien mantiene una idea distinta es el oficialista Vamos por una Guatemala Diferente (Vamos), ya que su fiscal, Héctor Aldana, explicó que esos eventos son puramente proselitismo, algo que sí permite la ley.
“Hay que tener un poquito de madurez política para diferenciar cuando es campaña anticipada y cuando es proselitismo (…) hay que tener la madurez para entender qué dice la ley”, señaló.
El oficialismo comentó que también han sido notificados de procesos de investigación de este tipo, pero es algo que confían solventar con las pruebas de descargo pertinentes.
“A nosotros también nos han llegado requerimientos, y de nosotros corresponde desvanecer eso y presentar nuestras pruebas de descargo”, refirió el fiscal de Vamos.
“No es una cuestión a dedo”
La inspectoría del TSE mantiene un centenar de casos en donde algunos corresponden a posible campaña anticipada, reconoció Gabriel Aguilera, magistrado titular el órgano electoral.
“Todos los expedientes que hay no solo atañen posible campaña anticipada, hay diferente tipo de denuncias que se plantean, por ejemplo, hay incumplimiento de prohibiciones permanentes, campaña y diferentes expedientes que se están analizando en la inspección”, dijo Aguilera.
El magistrado negó que se aplique criterios diferenciados según la agrupación política. “No es una cuestión a dedo, no es una cuestión a un solo partido”, dijo.
Aguilera explicó que se trata de un proceso administrativo y pronto los partidos tendrán mayor certeza del avance de cada uno de los casos abiertos.
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