La Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci) del Ministerio Público (MP), solicitó este 20 de marzo que se le retire el derecho de antejuicio al candidato presidencial del partido Cabal, Edmond Mulet, por la posible comisión de obstrucción de la justicia.
La petición de Feci es por declaraciones que dio Mulet sobre la persecución penal que ordenó el juez Jimi Bremer contra varios periodistas y columnistas de elPeriódico a quienes el MP señala de obstrucción a la justicia, como parte del proceso que se sigue en contra del presidente de ese medio, Jose Rubén Zamora Marroquín, quién está detenido desde el 29 de julio de 2022 por un supuesto caso de lavado de dinero.
El jefe de la Feci, Rafael Curruchiche, dijo a medios de comunicación que buscan que se le retire la inmunidad a Mulet, por la posible comisión del delito de conspiración para la obstrucción de la justicia.
Curruchiche dijo que el día 6 de marzo pasado, Mulet anunció en una conferencia de prensa de que se iba a constituir como defensor de una investigación que se había formulado contra los periodistas.
Agrega que ese mismo día, el secretario general en funciones del partido Cabal, el abogado Manuel Archila, presenta un memorial al despacho de la fiscal general, Consuelo Porras, en el cual solicita que cese la persecución penal en contra de los periodistas.
Curruchiche menciona que sea la Fiscalía de Periodistas la que investigue el actuar de los fiscales en este caso, e incluso el actuar del juez.
Según el jefe de la Feci, el 13 de marzo, Mulet convoca a una nueva conferencia de prensa, en la cual hace afirmaciones, que según él son falsas, y que van en contra de la fiscal Cinthya Monterroso.
Según Curruchiche, ese tipo de publicaciones de Mulet les permitió establecer es que hay coacción, intimidación y amenaza a los operadores de justicia.
Añade que Mulet también presentó una querella penal y una solicitud de retiro de inmunidad contra el juez Jimi Bremer.
“Lo que nosotros hemos podido establecer es que el ciudadano Edmond Mulet está de alguna otra manera coaccionando en intimidando y amenazando al juez a efecto de que no se lleve a cabo ninguna investigación, pero lo más importante de esto es que él solicita que sea la fiscal general quien detenga esa investigación… Por mandato constitucional y legal es el Ministerio Público el ente encargado de la persecución penal y no es a través de esta forma que se logre detener una investigación que en su un momento lo certificó un juez”, comentó Curruchiche.
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