![Uno de los casos que destaca en el informe de la CGC es la aparente corrupción en el Hospital de Chimaltenango. Fotografía: Prensa Libre.](https://www.prensalibre.com/wp-content/uploads/2023/05/CGC.png?quality=52&w=760&h=430&crop=1)
El buen uso de los recursos públicos parece ser una tarea pendiente para los funcionarios y empleados del Gobierno que presuntamente utilizaron de manera antojadiza Q506 millones 912 mil 848.56, según la auditoria del presupuesto 2022.
Así lo detalla el informe elaborado por la Contraloría General de Cuentas (CGC), que el pasado viernes 26 de mayo fue entregado a representantes de la Comisión Permanente del Congreso de la República.
El mismo fue presentado por Frank Bode Fuentes, contralor general de Cuentas, quien está en la obligación de presentar la inspección al presupuesto en un plazo máximo de 150 días tras el cierre del ejercicio fiscal anterior.
La presunta malversación de más de Q506 millones dejó la presentación de 50 denuncias ante el Ministerio Público (MP), según el criterio que tomaron autoridades de Subcontraloria de la Calidad del Gasto.
Algunos de los casos
Entre los detalles que presentaron las autoridades de la CGC explican ocho de los casos que motivaron las 50 denuncias, que podrían dar pie a procesos penales por aparente corrupción, dependiendo el rumbo que tomen las investigaciones que están a cargo del MP.
Entre estos se detectaron aparentes actos de corrupción en entidades de salud, ministerios, municipalidades y algunas que hasta tienen relación con el sector privado, según el informe de la CGC.
El primer caso es por Hospital Nacional de Chimaltenango, donde se detectaron 770 compras de equipo médico adquiridas de manera directa, es decir evadiendo los procesos de fiscalización que contempla la Ley de Compras y Contrataciones.
Según las cifras de la auditoria, se habrían comprado 949 equipos médicos, pero 580, es decir el 61 por ciento, no fue localizado. La tesis de la CGC es que el proveedor no entrego ese equipo, pero si cobró su totalidad por una suma de Q67 millones 737 mil 291.
El segundo caso se detectó en Ferrocarriles de Guatemala (Fegua), la entidad habría adquirido un préstamo por Q5 millones, con una tasa de interés del 18 por ciento anual a través de pagarés como títulos de crédito.
Los mismos aparentemente fueron desembolsados en diferentes montos y se fueron renovando según su fecha de vencimiento, esto habría sido para cubrir el pago de gastos corrientes de la que no tenían disponibilidad presupuestaria.
Sigue el Instituto de Fomento Municipal (INFOM), entidad que fue incapaz de explicar en dónde esta buena parte de su flotilla de autos, la razón que dieron a los auditores es que los mismos fueron robados.
Pese a esta explicación, el INFOM ha continuado pagando el impuesto de circulación de los vehículos presuntamente robados, además que no cuenta con un reporte de denuncia ante el MP.
En el Ministerio de Agricultura el informe de la CGC se centra en el Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones (VISAR), por presuntamente incumplir con normas legales.
Aparentemente, la entidad no destinó la recaudación de fondos privativos a las municipalidades de la zona ribereña, y tampoco habría usado los recursos para atender gastos administrativos para programas de investigación. La acción penal por este caso es de Q13 millones 950 mil 356.68.
El siguiente caso fue detectado en la Municipalidad de San Francisco, Petén. Según una evaluación, aparentemente la comuna no cuenta con los recursos para cumplir con “obligaciones contraídas” por lo que se presentó una denuncia que busca aclarar qué pasó con Q1 millón 517 mil 283.70.
También se detectaron posibles irregularidades en la Municipalidad de Samayac, Suchitepéquez, por aparente violación al Código Municipal, ya que el alcalde habría obtenido la contratación de dos préstamos que ascienden a Q1 millón 900 mil sin contar con la aprobación del Concejo Municipal.
En la comuna de la Libertad, Petén, también se presentó una denuncia porque la municipalidad pagó Q4 millones 175 mil 595.14 a la empresa Constructora SG, sin que esta concluyera los ocho proyectos por los que fue contratada, según el informe de la CGC.
El último caso aglutina la evaluación de 23 expedientes de proyectos que estarían siendo ejecutados en propiedad privada, por lo cual se presentó una denuncia que busca aclarar el destino de al menos Q11 millones 272 mil 33.
La Subcontraloría de Calidad del Gasto también detalla cuatro mil 322 sanciones económicas por un total de Q92 millones 524 mil 522.46; junto a 29 formulaciones de cargo por un valor de Q10 millones 876 mil 787.01.
Finiquitos en línea
Algo que destaca en el informe anual de la CGC ha sido la cantidad de constancias transitorias de inexistencia de reclamación de cargos conocidos como finiquitos.
Los datos oficiales dan cuenta que fueron emitidos, únicamente de manera electrónica, 64 mil 567 de esos documentos, los cuales son un requisito indispensable para todos aquellos que han manejado fondos públicos y que aspiran a un cargo de elección popular este 25 de junio.
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