El diputado oficialista Josué Edmundo Lemus, quien busca la reelección con el partido Vamos, estuvo involucrado en un negocio anómalo de Q54.99 millones cuando fue ministro de Comunicaciones en el presente gobierno, según revela un informe de la Contraloría General de Cuentas (CGC) que se hizo público este año.
Ese monto tenía como destino el mejoramiento de la carretera entre Cuilco y Tectitán, Huehuetenango; sin embargo, según detalló la CGC, hubo múltiples irregularidades en la contratación.
La negociación contó con el aval del funcionario y se efectuó en 2020, pero fue en febrero de este año que la Contraloría informó a la Dirección General de Caminos (DGC) sobre los resultados de la auditoría a la licitación.
En el archivo, la entidad a cargo de Frank Bode indicó que el costo aproximado del proyecto fue modificado, ya que el Departamento Técnico de Ingeniería de la DGC estipuló que el valor de los trabajos en ese tramo sería de Q35.06 millones.
Sin embargo, la CGC señaló que Fredy Chojolán Duarte, entonces jefe de Caminos, cambió el precio del proyecto y lo fijó en Q62 millones. Es decir, Q26.94 millones más de lo tasado por un ingeniero especialista en costos.
El valor estimado de una obra sirve para determinar si la oferta de una empresa es admitida en un concurso público, en función de lo que una dependencia estatal prevé que cueste.
En este caso, la alteración del monto hizo que la oferta de la Constructora J.J.R.M. fuera aceptada y, posteriormente, obtuviera la adjudicación. En contraparte, causó que fuera rechazada una propuesta para ejecutar la obra por Q41.61 millones.
Además, la empresa estaba vinculada con William Haroldo Romero Chojolán, primo del entonces director de Caminos. De hecho, la CGC explicó que Romero Chojolán fue uno de los fundadores de la citada corporación.
Por aparte, Chojolán Duarte expresó que el precio calculado fue modificado con base en “análisis y estudios”.
“Estipulando un costo entre los Q53 millones y Q63 millones, en virtud de que año con año existe una fluctuación de precios en materia de construcción”, explicó.
Incumplimientos
La auditoría determinó que la Constructora J.J.R.M. no cumplió con algunos requisitos para obtener la adjudicación; entre estos, no haber acreditado con documentos la experiencia del especialista en Geotecnia propuesto para el proyecto.
La Contraloría indicó que la entidad mercantil tampoco presentó toda la documentación en la cual constara la propiedad o arrendamiento de la maquinaria y equipo necesarios para ejecutar los trabajos.
“—La empresa— únicamente contaba con una de las dos excavadoras solicitadas y uno de los tres picops solicitados —en uno de los anexos de las bases de licitación—”, señaló la CGC en su informe.
El ente fiscalizador afirmó que esa situación representaba un riesgo de que la obra no fuera ejecutada de acuerdo con los requerimientos. Por eso, explicó, la Junta de Licitación debió rechazar la oferta de J.J.R.M.
Aún así, Lemus aprobó que se le adjudicara el evento a esa constructora y ordenó la suscripción del contrato. El legislador indicó que las irregularidades detectadas corresponden a temas de interpretación del contenido de cada documento y su respectiva valoración.
Agregó que la “interpretación, valoración y criterios” utilizados para evaluar la oferta son aspectos que les “corresponde aclarar directamente a los miembros de la Junta de Licitación”.
“Nunca incumplí con las obligaciones del cargo”, aseguró.
Junta de licitación
La Junta de Licitación estuvo integrada por cinco personas —tres titulares y dos suplentes—, a quienes Lemus, como ministro de Comunicaciones, se encargó de designar, aunque antes fueron propuestos por Chojolán Duarte.
Tres de los miembros de la Junta trabajaban para el Fondo de Desarrollo Social, dependencia del Ministerio de Desarrollo Social. La Ley de Contrataciones del Estado permite que empleados de otras instituciones integren las instancias evaluadoras.
No obstante, la condición es que la entidad pública contratante no cuente con personal idóneo. En esta ocasión, este presupuesto no se cumplió, pues la Contraloría aseguró que la DGC contaba con personal apto para ser parte de la Junta Licitadora.
Además, la auditoría estableció que uno de los miembros de la instancia calificadora no acreditó tener experiencia en el ámbito legal, y otros dos no presentaron constancias laborales para constatar su trayectoria como ingenieros civiles.
Chojolán Duarte y Lemus afirmaron que había cartas de idoneidad que demostraban que los profesionales propuestos eran capaces para desempeñar esas funciones. “Dichas cartas se extienden considerando los títulos, diplomas, colegiados y otros documentos”, comentaron.
El exministro de Comunicaciones subrayó que Caminos no contaba con suficiente personal y declaró que algunos han manifestado “tener relación con los contratistas”, lo que les impide integrar las juntas de licitación.
Anticipo
La Constructora J.J.R.M. recibió un anticipo de Q8.24 millones para ese proyecto, y, de acuerdo con la CGC, la empresa entregó un programa de inversión para ese monto, en el cual indicó que se utilizaría entre octubre y diciembre de 2020.
Pese a ello, la compañía no usó nada de ese dinero en el plazo estipulado, según el informe de auditoría, el cual mencionó que la corporación incluyó en su programa de inversión pagos por aspectos administrativos.
Entre estos había gastos legales o timbres de ingeniería, pero la CGC afirmó que no contenía desembolsos para la ejecución de la obra, como lo requiere el artículo 51 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Por esa razón, considera en el informe que hubo inobservancia de la normativa vigente.
Uno de los involucrados en este hallazgo es el exdirector de Caminos, quien expresó que el anticipo se otorga con la finalidad de apoyar la debida ejecución y continuidad de los proyectos.
“Si el contratista establece gastos administrativos dentro de su plan de inversión del anticipo, no afecta en el desarrollo de la obra”, explicó Lemus.
Este y el resto de los argumentos esgrimidos por Chojolán Duarte y Lemus fueron rechazados por la CGC.
Impresiones
Marvin Flores, analista de Acción Ciudadana, considera que este es un caso “típico de corrupción”, en el cual familiares o allegados de las altas autoridades hacen contrataciones de este tipo.
“Es típico no solo por la relación o los vínculos familiares, sino también porque normalmente se incrementa el monto del contrato de como inicialmente estaba pactado”, manifestó Flores.
Para el analista, era procedente que la Contraloría presentara una denuncia penal, por la posible comisión de tráfico de influencias o abuso de autoridad, y no solo imponer sanciones de tipo administrativo.
“Obviamente no lo harán —la interposición de la denuncia—, porque el diputado Lemus es allegado de la actual administración de gobierno y porque es época electoral”, puntualizó el entrevistado.
Jorge Lavarreda, analista del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (Cien), expuso que este es un ejemplo de cómo no deben utilizarse los recursos públicos. “Donde empiezan todos estos problemas es en la fase de planificación”, agregó.
Por esa razón, el experto en políticas de gasto público y transparencia explicó que, si se dedica un adecuado tiempo a hacer los estudios de factibilidad de los proyectos, eso minimiza “fallarle tanto al tema de los costos” de la obra.
El investigador del Cien dijo que es necesario que se cree un sistema que atraiga a los mejores profesionales, los mantenga en el servicio público y puedan hacer carrera, pero que sean evaluados con base en su desempeño y sean sancionados quienes no funcionen.
Protegidos
Lemus, Chojolán Duarte y otros funcionarios involucrados en estas posibles anomalías no fueron denunciados penalmente por la CGC, debido a lo resuelto por la Dirección de Asuntos Jurídicos del ente fiscalizador.
Karin Ordóñez y Eunice Tzaj, quienes practicaron la auditoría, comentaron en su informe que solicitaron una opinión jurídica a la citada dependencia para determinar si se había cometido algún delito por las irregularidades en torno del uso del anticipo y la recepción, calificación de la oferta y adjudicación, pero indicaron que, entre noviembre y diciembre del año pasado, la Dirección de Asuntos Jurídicos afirmó que se trataba de hechos no “susceptibles de investigación penal”.
En contraparte, la CGC se limitó a imponer sanciones económicas.
Las penalizaciones ascienden a Q335 mil 102.80. De ese monto, Lemus pagará Q56 mil 784.80 y Chojolán Duarte, Q64 mil 284.80. El resto será cancelado por los integrantes de la Junta de Licitación, un supervisor regional, coordinadores y otros empleados de la DGC.
Estado del proyecto
Caminos manifestó que los trabajos de mejoramiento de la carretera entre Cuilco y Tectitán están suspendidos. En tanto, la Fiscalía contra la Corrupción sigue investigando estas y otras adjudicaciones otorgadas a empresas presuntamente vinculadas con familiares de Chojolán Duarte
Pese a la suspensión de los trabajos, Guatecompras registró que a la empresa ya se le pagaron Q38.74 millones del monto del contrato, el cual se suscribió para colocar concreto hidráulico en los tramos de la citada ruta, que son de terracería.
En total, se busca pavimentar 7.4 kilómetros. Según la DGC, la vía es de importancia para los pobladores porque su principal “fuente de ocupación y sobrevivencia” es la agricultura, y sus principales productos son maíz, frijol y caña de azúcar.
Prensa Libre llamó a la Constructora J.J.R.M., para consultar respecto de las deficiencias que fueron identificadas por la Contraloría en su oferta, la utilización del anticipo y su relación con William Haroldo Romero Chojolán, pero declinó emitir una respuesta.
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