La Conferencia Episcopal de Guatemala (CEG) puso en manos del MP la crisis social, política y económica, que se vive en la actualidad en el país.
“La situación de paro nacional que se ha desarrollado es el resultado de acciones de organismos del Estado, principalmente del Ministerio Público (MP) que, con apariencia de legalidad, son contrarias al bien común”, aseguran en un comunicado que publicaron este 9 de octubre.
Los Obispos de Guatemala, aseguran en el documento, que han “analizado los acontecimientos que la sociedad guatemalteca ha vivido en los últimos días. Manifestaciones populares de descontento y frustración y de reclamos crecientes“.
De acuerdo con la CEG “el secuestro de las actas del proceso electoral estuvo amparado por la decisión de un juez y dicha acción se percibió como contraria a la ley que otorga supremacía al Tribunal Supremo Electoral (TSE) en materia electoral y como una violación del respeto debido al voto ciudadano libremente emitido”.
En este momento
“Fue percibido como un acto de prevaricación”, aseguran.
De acuerdo con la información que hizo pública la CEG “algunas resoluciones de la Corte de Constitucionalidad y de la Corte Suprema de Justicia, que debían restablecer el orden político, no han resuelto los conflictos pues se perciben como interpretaciones interesadas de la ley”.
“El Estado, a través de estas instituciones, no ha servido al bien común y por eso gran número de ciudadanos se ha levantado en protesta y pide la destitución de quienes de manera flagrante han atropellado el proceso electoral”, argumentan.
Renuncias y pronunciamientos
Los Obispos de Guatemala urgieron al presidente Alejandro Giammattei Falla, “a cumplir la responsabilidad que el mismo pueblo le ha confiado y que se explicita en los artículos 1 y 182 de la Constitución de la República”.
“Es necesario que se pronuncie en defensa del bien común y que atienda el clamor de quienes manifiestan en la calle y pida la renuncia de la Fiscal General y jefe del Ministerio Público y que con ella renuncien sus colaboradores, ejecutores de las acciones que se han percibido como abusos y atropellos del proceso electoral.
Según los religiosos, la decisión del mandatario “demostrará la preocupación real de un gobernante que quiere la paz para sus conciudadanos.
“A la señora Fiscal General y al Fiscal Especial y sus colaboradores, les pedimos que consideren que ha llegado el momento de demostrar con acciones otro modo de evidenciar sus responsabilidades ciudadanas: presentar su renuncia”, exponen.
Según la CEG “no solamente sus acciones han sido el detonante de la insatisfacción popular sino que la misma se mantendrá, con todos sus efectos negativos, hasta que el pueblo se dé cuenta de que sus peticiones han sido escuchadas”.
“Apelamos a la conciencia del Presidente de la República, de la Fiscal General y de los integrantes de la Corte de Constitucionalidad y de la Corte Suprema de Justicia para que, ante ese Dios que la constitución invoca en su preámbulo, dejen los intereses sectoriales o personales y tomen las decisiones y acciones que reconduzcan al país a la normalidad política y social”, exclaman.
En el comunicado enfatizan que “son decisiones muy difíciles, pero también sabemos que cuando morimos a
nuestros intereses personales, seguimos el ejemplo de Nuestro Señor Jesucristo que nos pide siempre dar la vida por amor a los demás”.
Al pueblo de Guatemala, a los líderes sociales y a los que tienen influencia en la vida social, pide la CEG, “que utilicen los medios legales que la misma Constitución ofrece para expresar el descontento y la insatisfacción, sin recurrir a la violencia ni a ejercer ningún tipo de presión que coarte la libertad que cada ciudadano guatemalteco tiene”.
“Es necesario que los manifestantes se mantengan dentro de la legalidad y por lo tanto no impidan el derecho de otros ciudadanos a la libre locomoción, al trabajo, a la educación y al comercio”, afirman.
Añaden que “la manifestación, para ser efectiva, debe producir algún tipo de restricción que suscite la reflexión y la decisión, pero no puede legalmente suprimir e impedir el derecho de los demás ciudadanos a moverse, a trabajar y servir”.
“No se puede alcanzar el bien haciendo daño a los demás y provocando un drama humanitario por escasez de lo esencial para la vida”, manifiestan.
La CEG esperan que las consideraciones que hicieron públicas este lunes 9 de octubre “sean tomadas en cuenta pues nacen de una intención recta de cumplir con sinceridad la misión que tenemos de ser artífices de la paz”.
“Esperamos que la visita de los delegados de la Organización de Estados Americanos a nuestro país, no sea una cortina de humo propiciada por el gobierno de Guatemala, que oculte lo que realmente estamos viviendo. Pedimos a todos que presten atención a los criterios éticos y morales que determinan sus acciones”, recalcan.
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