Negligencia, suplantación de funciones, incompetencia, incumplimiento de deberes e incumplimiento de contrato, son algunos de los delitos que obran en la denuncia que presento Karen Fischer y Geovanni Fratti, contra los magistrados del TSE. Querella que abrió un proceso de antejuicio que esta semana se ventila en el Congreso de la República.
Fischer y Fratti, acreditados como integrantes de la organización Guatemala Inmortal, llegaron la mañana de este viernes 24 de noviembre a la cita. Llevaban copia de la denuncia por escrito y otros materiales digitales, que les entregaron a la comisión, presidida por el diputado Enrique Montano.
“Nosotros comparecemos y ratificamos la denuncia que presentamos ante el Ministerio Público, la cual ya fuimos a ampliar la licenciada Karen Fischer y yo ante la Fiscalía”, dijo Fratti para formalizar la intervención, durante la cual explicaron los fundamentos para asegurar que hay delitos que perseguir.
Fischer fue más allá y sí aseguro que “se presume que existe un fraude electoral”. Y se puso la denuncia porque “hay una preocupación de muchos guatemaltecos, desde antes de la primera vuelta”.
Fratti aseguró que el TSE contrató a la empresa Datasys para prestar el servicio de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (Trep), una herramienta de tecnología para enviar los resultados electorales y copia digital de las actas, sin embargo, según el denunciante, el Tribunal no supervisó el proceso y no lo tuvo bajo su control.
“Se brinda esta responsabilidad a una empresa que no se audita”, dijo Fratti, recordando ante los pesquisidores que “no se puede delegar la función pública a una empresa”.
El denunciante explicó que, a su criterio, el TSE no solo compró el sistema para la transmisión de datos, sino también delegó todo el control y supervisión, y a pesar de que hubo problemas técnicos e incumplimiento en algunos aspectos de la empresa, los magistrados no denunciaron ni ejecutaron las fianzas de cumplimiento.
“Nosotros pensamos que las Juntas Receptoras de Votos hicieron el trabajo lo mejor posible, pero quien debe analizar las actas en el sistema es el TSE”, insistió Fratti sobre las responsabilidades que tenía el Tribunal, no obstante “se brinda la responsabilidad a una empresa extranjera que no se auditó”.
Antecedentes
La denunciante Karen Fischer reconoció que ha presentado más denuncias contra el TSE, además de la que ahora llevó a los magistrados a una pesquisidora en el Congreso.
Explicó que la denuncia, presentada el 24 de agosto pasado, y su consecuente ratificación la han hecho por la preocupación que existe por un supuesto fraude electoral y porque “todo se llevó de una manera anómala”, en relación con la gestión de las elecciones generales pasadas.
“Fue una oferta sobrevalorada por Q148 millones, mientras que la otra empresa ofertó por menos de dicha cantidad y existen antecedentes como en el caso del Estado de Puebla, en México, donde el mismo sistema fue adquirido por MXU$50 millones -unos Q20 millones-.
La denunciante también subrayó que, como síntomas de las irregularidades en el TSE, “nadie quiso aplicar al cargo de director de informática del TSE”, algo que pudo obedecer a que “lo hicieron para evadir la responsabilidad penal, porque en las elecciones pasadas, el director y subdirector de informática terminaron en prisión”.
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