Las reformas a la Ley Orgánica del Ministerio Público están en la agenda de la actual legislatura. Desde el año pasado la fiscal general, Consuelo Porras, atraviesa una crisis en su gestión y algunos sectores piden aún su renuncia del cargo, otros sugieren que debe de ser destituida.
Solo en los últimos meses de 2023, se presentaron a Dirección Legislativa cuatro iniciativas de ley que buscan darle una solución a este limbo legal.
La actual legislatura abrirá las puertas para que alguno de estos proyectos de ley sea discutidos. Los documentos forman parte del paquete de 200 iniciativas que no fueron leídas en la legislatura anterior y será en la sesión del próximo jueves 25, que se conozcan y se envíen a las comisiones que les corresponde.
Los proyectos
Sonia Gutiérrez, diputada electa por Winaq-URNG, es ponente de una de las iniciativas de ley. El texto destaca que el presidente puede destituir al fiscal general o jefe del Ministerio Público (MP) en cualquier momento “siempre que atente contra el orden constitucional, cause ingobernabilidad, atente al sistema político y económico nacional, al Estado de Derecho, la independencia de poderes y el rechazo social” se lee en el proyecto.
El exdiputado Aldo Dávila también presentó a finales de año pasado una iniciativa de ley que va dirigida sobre el mismo camino. Refiere que el presidente de la República puede despedir a la fiscal general y agrega que, también se permitiría la remoción del funcionario si cinco mil ciudadanos identificados legalmente y empadronados firman la solicitud.
“Este tipo de reformas si serán de los temas a discutir” dijo el presidente del Legislativo, Nery Ramos. “Es un tema que se mantiene en discusión, pero tenemos que ser responsables de cuál es el procedimiento.
Actualmente aplican las leyes existentes y todos estamos llamados a respetarlas. Estaremos explorando cualquier otra posibilidad que el ordenamiento jurídico nos pueda facultar” dijo.
El congresista independiente, Samuel Pérez, considera que sí es necesario darle un poder al presidente para destituir al fiscal general que se encuentre en ese momento. “Yo no lo descartaría como una opción, creo que hay que tener una discusión seria sobre cuáles son las consecuencias de tener bajo estas condiciones el Ministerio Público” indicó.
Por su parte, Elmer Palencia, jefe del bloque Valor, indicó que la reunión entre Arévalo y Porras programada para hoy podría despertar dudas, ya que él -Arévalo- ha sido mencionado en investigaciones penales.
El diputado puntualizó que el encuentro entre ambos debería de ser con todo el gabinete, no en una reunión privada porque da a malas interpretaciones.
La idea de los representantes del bloque Visión con Valores (Viva) y Voluntad, Oportunidad y Solidaridad (VOS) es que las propuestas que entren a analizarse deben de ir enmarcadas en la Constitución. Cualquier legislación debe de ser institucional y no pensaba en la coyuntura, coincidieron.
Dudas legales
Abogados mantienen puntos opuestos ante el escenario hipotético de una reforma legal, que le dé al presidente el poder destituir al fiscal general.
Para Francisco Quezada del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (Cien) no es posible por la retroactividad. “Sería inconstitucional a la fiscal aplicarle una norma posterior a la que fue electa, porque ya tiene derecho adquiridos” indicó.
“La Constitución dice que el fiscal puede ser removido por causa justa, pero desde 2016, solo existe una sola causa y cualquier ampliación es una facultad del Congreso” resumió Edgar Ortiz, analista de la Fundación Libertad y Desarrollo.
En 2016, bajo la administración del expresidente Mario Taracena con el acompañamiento de la entonces fiscal general, Thelma Aldana y del exjefe de la desaparecida Comisión Internacional Contra la Impunidad, Iván Velásquez, se reformó la Ley del MP.
Dos de los artículos polémicos aprobados fueron la eliminación del consejo de esta institución y que se fortalecía la figura del fiscal general, quien ya no podría ser destituida por el presidente de la república.
La agenda
Los diputados fueron convocados para sesionar hoy y mañana. Los primeros puntos a discusión es aprobar un punto resolutivo de reconocimiento al pueblo de Guatemala por la defensa a la democracia.
Los legisladores también aprobarán la distribución de las 38 salas que integran el Congreso. En la sesión del jueves se prevé que den a conocer el nombre de los diputados que presidirán las salas de trabajo.
También se elegirá a los integrantes de la Comisión de Derechos Humanos.
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